#CuscoDatos. La provincia de Urubamba se alista para un plantón preventivo este viernes 12 de septiembre, medida de fuerza convocada por la Comisión de Lucha por la Recuperación de la ruta CU-108, que conduce a la llaqta de Machu Picchu. El objetivo central es exigir la desocupación definitiva de la vía por parte de la empresa Consettur, cuyo contrato de concesión culminó el pasado 4 de septiembre.
Pese al vencimiento del contrato, Consettur se resiste a dejar de operar, a pesar de que ya existe una empresa designada, San Antonio de Torontoy, para brindar el servicio de forma transitoria hasta que se culmine un proceso de licitación pública.
La Comisión de Lucha ha extendido la convocatoria a toda la población de los siete distritos de Urubamba para una gran movilización que se concentrará en las plazas de Armas de Urubamba y Ollantaytambo.
La protesta no solo apunta contra Consettur. Los dirigentes también han señalado a Perú Rail, a quien acusan de “confabularse” con la exconcesionaria al negarse a transportar en sus vagones ferroviarios los buses de la nueva empresa operadora, San Antonio de Torontoy, desde la estación de Piscacucho (Km 82) hasta Machu Picchu Pueblo (Aguas Calientes), acción esencial para el plan de contingencia.
“Estas dos instituciones privadas actúan a espaldas del pueblo, perjudicando primero al turista y segundo, burlándose de las necesidades de los pueblos en salud, educación y mayor inversión. Hacen caso omiso a la autoridad provincial en la implementación del plan de contingencia”, denunciaron los representantes de las organizaciones sociales de Urubamba.
Ante la falta de avances, la Comisión de Lucha ya prepara una medida de fuerza aún mayor: un paro provincial de 48 horas para los días 15 y 16 de septiembre, dirigido específicamente contra Consettur y Perú Rail.
PROTOCOLO DE PROTECCIÓN AL TURISTA SE ACTIVA
En respuesta a las protestas anunciadas, la Red de Protección al Turista activó de inmediato su protocolo de seguridad. El objetivo es garantizar la integridad de los visitantes y la continuidad de los servicios turísticos, minimizando los eventuales impactos de las movilizaciones.
El plan aprobado incluye el reforzamiento de la presencia de la Policía Nacional en el corredor turístico, la intervención de un representante de la Fiscalía de Prevención del Delito y la organización de rondas de seguridad para facilitar el desplazamiento seguro de los turistas. Las autoridades recomiendan a los operadores turísticos prever contingencias.
