#CuscoDatos. La Corte Superior de Justicia del Cusco ha suspendido sin explicación la transmisión por redes sociales del juicio oral contra el exalcalde de San Sebastián, Jorge Acurio, y otros once implicados, generando serias dudas sobre su compromiso con la transparencia en un caso de interés público.
Pese a que el proceso se desarrolla en el Cuarto Juzgado Unipersonal Sub Especializado en Corrupción de Funcionarios, a cargo del magistrado Jimmy Manchego Enríquez, la Corte Superior de Justicia del Cusco ha dejado de difundir las audiencias a través de su cuenta oficial de Facebook.
La última sesión transmitida data del 27 de agosto del 2025, una audiencia de 42 minutos en la que declaró uno de los peritos. Desde entonces, y por razones no informadas, la ciudadanía y la prensa han quedado privadas de seguir un caso que involucra a doce acusados por los presuntos delitos de colusión, peculado doloso y falsedad ideológica.
Al cierre de aquella última audiencia pública, el juez Manchego señaló que tanto los procesados como sus abogados ya conocían la fecha de la próxima sesión, destinada a la oralización de los medios probatorios. Sin embargo, omitió anunciar la fecha de manera pública antes de levantar la sesión. Este hecho, sumado al abrupto corte en la difusión, ha impedido que la opinión pública tenga conocimiento del calendario y avance real del proceso.
RITMO LENTO
La opacidad no es la única preocupación. El desarrollo del juicio ha avanzado a un ritmo que muchos consideran excesivamente lento para la magnitud del caso. Las audiencias, según el registro disponible, suelen tener una duración de apenas 30 a 40 minutos, un tiempo escaso para un proceso con una docena de acusados y hechos ocurridos hace quince años. Esta lentitud dilatoria alimenta la percepción de impunidad y desgasta la confianza en el sistema judicial.
El caso investiga la presunta desaparición de un lote de 50 mil bolsas de cemento, adquiridas por la comuna distrital de San Sebastián durante la gestión de Acurio. El presunto detrimento patrimonial causó un grave perjuicio económico al municipio y se enmarca en una serie de escándalos de corrupción.
EL PEDIDO DE TRANSPARENCIA
La interrupción de las transmisiones vulnera los principios de publicidad y transparencia que deben regir los procesos judiciales, especialmente aquellos por corrupción de funcionarios. Las redes sociales de las cortes se han convertido en una herramienta clave para garantizar el acceso a la información judicial, un derecho fundamental en un estado democrático.
