#CuscoDatos. La Contraloría General de la República identificó una grave irregularidad en la gestión de los recursos del proyecto de Inversión de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Anta, al detectarse que se pagó a personal que no prestó servicios durante el mes de enero de 2025.
El hallazgo se detalla en el Informe de Orientación de Oficio Nro. 031-2025-OCI/0381-SOO, que advierte que esta situación pone en riesgo los fondos de la comuna provincial. El documento ya fue remitido al alcalde provincial, Elias Collatupa, quien tiene la obligación de comunicar las acciones correctivas que tomará para subsanar esta falta en un plazo establecido.
INCONGRUENCIAS EN LAS PLANILLAS
El caso se destapó tras una revisión de las planillas de tareo (control de asistencia) correspondientes a enero de 2025. La investigación comenzó con el cruce de información proporcionada por el entonces subgerente de Seguridad Ciudadana y el residente del proyecto. Inicialmente, se encontraron discrepancias en el número de personas registradas bajo los regímenes laborales de los Decretos Legislativos 728 y 276.
Frente a la indagación de la Contraloría, el gerente de Desarrollo Social y Humano admitió, mediante oficio, que “no todas las 33 personas consignadas laboraron efectivamente” en el proyecto durante enero del 2025.
RECONOCIMIENTO DEL “ERROR”
Posteriormente, el supervisor del Proyecto de Inversión y el exsubgerente de Seguridad Ciudadana coincidieron en su diagnóstico: cinco (5) personas que aparecían en las planillas bajo el régimen del D.L. 728 no trabajaron en enero, por lo que su inclusión para el pago de remuneraciones constituye una irregularidad.
La Contraloría enfatiza que este hecho vulnera los principios de legalidad y transparencia en el uso de los recursos públicos, destinados a un proyecto crucial para la seguridad de los habitantes de Anta. La municipalidad provincial ahora está obligada a rectificar estos actos, determinar responsabilidades y evitar que hechos similares se repitan, a parte de enfrentar acciones legales y administrativas más severas.
