#CuscoDatos. Este miércoles 14 de mayo, Cusco amaneció paralizado por un masivo rechazo al gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de la República. En las calles, los manifestantes expresaron su repudio y su indignación. Mientras que el Congreso —con 68 votos— aprobaba el viaje de la presidenta al Vaticano (del 16 al 19 de mayo), las demandas urgentes de la población seguían sin respuesta: inseguridad ciudadana crítica, obras públicas abandonadas y leyes que perjudican a las comunidades
UN GRITO CONTRA LA INDIFERENCIA
La movilización, convocada por organizaciones sociales y sindicales, denunció la "inacción del gobierno" frente a la inseguridad, atribuida a "leyes pro crimen", y exigió avances en proyectos clave para la región como la conclusión del Gasoducto Sur, el hospital Antonio Lorena, el aeropuerto de Chinchero y la recuperación del Hotel de Turistas de Machupicchu, actualmente en manos de la empresa Belmond. Además, demandaron la derogatoria de la Ley 32293, que facilita el despojo de tierras comunales.
PROVINCIAS UNIDAS EN EL RECHAZO
Las protestas se replicaron en La Convención, Canchis y otras provincias, donde los manifestantes recordaron "las muertes durante las protestas de 2023" y acusaron a Boluarte de mantenerse en el poder "gracias al Congreso que la blinda".
Fueron varios los sectores que protestaron como transportistas, trabajadores de construcción civil, comuneros, trabajadores civiles del Ejército, profesores, trabajadores del Gobierno Regional del Cusco, comerciantes de diversos mercados, entre otros.
INCIDENTES CONTROLADOS
Los incidentes en la jornada de lucha fueron menores, un manifestante fue detenido en la Av. La Cultura cuando protestaba y llevado a la comisaría de Tawantinsuyo por no portar su DNI, pero fue liberado tras identificarse, según reportó la abogada Florencia Fernández.
Un bus policial con turistas fue brevemente retenido, pero se garantizó el respeto al corredor turístico.
UN GOBIERNO DE ESPALDAS AL PUEBLO
Las protestas reflejan un descontento nacional creciente: mientras el gobierno prioriza otros aspectos, las demandas de regiones históricamente olvidadas —como infraestructura, seguridad y derechos colectivos— siguen sin respuestas. La jornada dejó claro que la crisis política y social está lejos de resolverse, y que la presión ciudadana no cederá.
