#CuscoDatos. La senadora Ruth Luque advirtió sobre un grave riesgo de impunidad tras confirmarse la presentación del primer pedido para derivar a la justicia militar la investigación por el homicidio de Denilson Huaraca, perpetrado durante las protestas en el gobierno de Dina Boluarte. La parlamentaria sostuvo que pretender sustraer de la vía penal ordinaria este caso de violación a los derechos humanos —amparándose en la controversial Ley 32735— vulnera el derecho de las víctimas a un juez natural.
La alerta fue dada a conocer por el abogado especialista en derechos humanos Carlos Rivera Paz y severamente cuestionada por la parlamentaria Ruth Luque, quien advirtió que esta medida representa un «grave riesgo de impunidad» para los deudos y las víctimas de la represión militar-policial.
El caso en cuestión corresponde al homicidio de Denilson Huaraca Vílchez, un joven músico de 22 años, originario de Apurímac, quien fue asesinado tras recibir un impacto de bala el 9 de febrero de 2023 durante las manifestaciones.
LA APLICACIÓN DE LA LEY 32735
El recurso legal interpuesto busca ampararse en la Ley 32735, norma recientemente promulgada que modifica el Código Penal Militar Policial para tipificar y redefinir las actuaciones en estados de emergencia bajo el concepto de «delito de función».
Al respecto, la legisladora Ruth Luque sostuvo que dicha norma resulta inconstitucional y que pretende sustraer del fuero penal común investigaciones referentes a presuntas violaciones a los derechos humanos. "La familia de Denilson Huaraca tiene derecho a la verdad, la justicia y la reparación. El Poder Judicial debe resolver conforme a los precedentes jurisprudenciales y estándares internacionales de DD. HH. La protección de las víctimas debe prevalecer sobre leyes que generan impunidad", aseveró.
ANTECEDENTES DEL CASO
La investigación promovida por el Ministerio Público comprendió inicialmente a once efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) desplegados en la zona de conflicto por la presunta comisión del delito de homicidio calificado y lesiones graves/leves en agravio de varios manifestantes.
Posteriormente, la fiscalía amplió las investigaciones a los mandos operativos y policiales de la zona, incluyendo a Porfirio Díaz Redolfo (entonces jefe de la DIVOPUS Abancay), al general PNP Luis Jesús Flores Solís (jefe de la Región Policial Apurímac) y a Víctor Manuel Sifuentes Yáñez por la presunta comisión por omisión en el delito de homicidio calificado con alevosía.
El caso queda ahora en manos del Poder Judicial, el cual deberá determinar si ratifica su competencia en la vía penal ordinaria o si da paso al Fuero Militar Policial, en medio del rechazo de organismos internacionales y defensores de derechos humanos.
