#CuscoDatos. Una década transcurrió para que la justicia emita una sentencia en primera instancia frente a uno de los casos de corrupción más indignantes registrados en la provincia de La Convención. La Corte Superior de Justicia de Cusco, a través del Juzgado Penal Unipersonal de Descarga Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, impuso nueve años de prisión efectiva a seis involucrados en la compra sobrevaluada de reflectores para el Estadio Municipal de Quillabamba.
Según la Resolución N.º 67 (Expediente N.º 04372-2016-63-1001-JR-PE-01), emitida por el juez Alex León Martínez con fecha 30 de septiembre de 2026, los sancionados por el delito de colusión agravada son Alexander Prado Arone, en calidad de autor, y Henry Paúl Olivera del Pozo, Edison Camero Guzmán, Irene Garrido Rojas, Carola Lourdes Castro Zuzunaga y Fernando Martín Pastor Naveros, en calidad de cómplices. Además de la pena privativa de la libertad, el fallo fija nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago solidario de S/ 100 000 por concepto de reparación civil a favor del Estado, mientras que el procesado Eloy Miguel Carrión Sebastiani fue absuelto de los cargos.
El perjuicio económico contra los recursos públicos fue cuantioso y descarado. En 2013, la Municipalidad Provincial de La Convención destinó S/ 980 000 para la adquisición de 100 reflectores en el marco del proyecto de mejoramiento del estadio municipal. Sin embargo, las investigaciones demostraron que el valor referencial real era de S/ 483 847.58, revelando un incremento deliberado de los costos, además de severas anomalías en las especificaciones técnicas y en las cotizaciones. Este esquema ilícito generó un daño directo al patrimonio estatal calculado en S/ 447 986.
En la misma resolución, el magistrado dispuso renovar e iterar las órdenes de ubicación y captura a nivel nacional contra la exalcaldesa provincial de La Convención, Fedia Castro Melgarejo de Gutiérrez. La exautoridad mantiene la condición de reo contumaz tras negarse a comparecer a las audiencias del juicio oral, eludiendo el accionar de los tribunales. Por su parte, mientras la condena de primera instancia no quede firme o ejecutoriada, los seis sentenciados deberán cumplir reglas de conducta —como presentarse cada 30 días ante el juzgado y pagar una caución de S/ 6 000— bajo apercibimiento de revocarse su libertad si incumplen estas medidas.
LA JUSTICIA TARDÍA: DESGASTA LA CONFIANZA CIUDADANA
Más allá de la severidad del fallo, este caso deja un amargo sinsabor en la ciudadanía y pone en evidencia las profundas grietas del sistema judicial. Que un proceso penal iniciado hace una década únicamente para alcanzar un pronunciamiento en primera instancia no representa un logro de eficiencia, sino una muestra del aletargamiento procesal.
Cuando la sanción llega más de una década después, la efectividad del castigo pierde fuerza, los mecanismos de impunidad se fortalecen y la exautoridad principal se da a la fuga. Aunque la Corte Superior de Justicia de Cusco resalte este fallo como una muestra de firmeza en el marco del debido proceso, para la población de La Convención la tardanza extrema de la justicia no hace más que reconfirmar cómo la burocracia y la dilación terminan protegiendo indirectamente a quienes se apoderaron del dinero del Estado.
