#CuscoDatos. Milagros Samillán, hermana de Marco Samillán —estudiante de medicina que falleció tras recibir impactos de bala mientras auxiliaba a heridos el 9 de enero de 2023 durante las protestas en Juliaca—, expresó temor ante la posibilidad de que las investigaciones de los homicidios y lesiones sufridas de varios pobladores en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte sean derivadas al Fuero Militar Policial.
El temor de los deudos se fundamenta en los recientes cambios normativos impulsados en el Congreso, entre los que destaca la iniciativa del legislador Fernando Rospigliosi. Esta inquietud cobró mayor vigencia tras la primera solicitud formal para trasladar a la justicia militar el expediente del homicidio de Denilson Huaraca, músico de 22 años asesinado por proyectil de arma de fuego el 9 de febrero de 2023 en el contexto de las protestas en Apurímac.
A este escenario se suma el escaso avance en la identificación de los efectivos policiales y militares que efectuaron disparos contra la población civil y el personal de auxilio. Samillán precisó que la lentitud del proceso judicial afecta no solo los casos de homicidio, sino también las causas instruidas por las decenas de personas que resultaron gravemente heridas y que continúan demandando justicia.
Asimismo, los familiares alertan sobre el riesgo inminente de una eventual desactivación del Equipo Especial para Casos con Víctimas durante Protestas Sociales (EFICAVIP), lo cual representaría un grave retroceso en el esclarecimiento de los hechos. Frente a ello, las familias de los fallecidos y de otros casos de violaciones a los derechos humanos instan a la derogación de las reformas legales aprobadas en el Parlamento por considerarlas normas que favorecen la impunidad de los responsables.