#CuscoDatos. El Consejo Regional de Cusco rechazó el Convenio Nº 339, que permitía adquirir camiones cisterna, ambulancias, camionetas y otros equipos para seis compañías de bomberos mediante la modalidad de Obras por Impuestos. Sin embargo, fuentes oficiales indicaron que esta decisión podría ser reconsiderada, previa votación en la próxima sesión del pleno del consejo, el 8 de junio.
Los bomberos, mediante un documento, dieron a conocer a la población que el Consejo Regional rechazó el proyecto de inversión, dejando a seis compañías sin camiones cisterna, ambulancias y camionetas. En el documento se lee que la decisión del Consejo Regional genera grave desprotección operativa, afectando la respuesta ante incendios, rescates y emergencias médicas, y pone en riesgo tanto a víctimas como a bomberos voluntarios que trabajan con logística obsoleta o insuficiente.
Las compañías afectadas pertenecen a la IX Comandancia Departamental Cusco y son las siguientes: Cusco Nº 39, Canchis Nº 50, Echarati "Teniente Carlos Vidal Bergeot" Nº 95, San Jerónimo Nº 119, Espinar Nº 126 y Santa Bárbara Nº 130.
El acuerdo, diseñado bajo la modalidad de Obras por Impuestos (Ley Nº 29230), tenía como objetivo el financiamiento, formulación y ejecución de una inversión de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR). El rechazo de este presupuesto por parte del pleno del Consejo frena la adquisición de activos críticos como: Camiones cisterna, Camiones plataforma, Ambulancias urbanas y Camionetas y herramientas logísticas esenciales.
RESPUESTA
El consejero Miguel Olivera señaló que el rechazo de un sector de consejeros a este proyecto se debió a la priorización de proyectos por Obras por Impuestos en los sectores de Educación, Salud y Saneamiento Básico, con el objetivo de reducir brechas en dichas áreas.
Asimismo, Olivera recordó que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) depende directamente del Ministerio del Interior. Precisó que se trata de un Organismo Público Ejecutor adscrito a dicho ministerio, por lo que su administración central, presupuesto operativo y políticas de seguridad ciudadana se manejan a nivel del Gobierno Nacional y no de los gobiernos regionales.
