#CuscoDatos. Un grupo de congresistas estaría intentando capitalizar electoralmente el dolor de los familiares de las víctimas mortales y heridos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte entre 2022 y 2023. Así lo denunció Raúl Samillán, presidente de la Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres 2022-2023, después de la reunión descentralizada de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, realizada el pasado 31 de mayo en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco.
REPARACIONES CON INTERESES POLÍTICOS
El proyecto de "Ley que crea el programa de reparaciones para familiares directos de las víctimas fallecidas durante las protestas sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023" fue el eje del debate. Sin embargo, Samillán, cuyo hermano, el médico Marco Antonio Samillán, fue asesinado mientras auxiliaba a un manifestante herido en Juliaca, cuestionó las intenciones de los legisladores:
"Estos señores nunca se acercaron a los familiares ni para dar el pésame, menos a los heridos para brindarles una antalgina o un paracetamol. Ahora buscan ganarse el voto del pueblo haciéndose pasar por aliados, cuando son los mismos que sostuvieron a este gobierno responsable de las masacres", dijo Samillán.
Samillán recordó que el actual Congreso ha sido clave en mantener a Boluarte en el poder, además de aprobar leyes polémicas como la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (conocida como Ley Anti-ONGs), que ha limitado el acceso a defensa legal gratuita para las víctimas de las masacres.
UN CONGRESO EN LA MIRA
Las críticas apuntan a la hipocresía de un Legislativo que, pese a las más de 50 muertes y 1,400 heridos durante las protestas, no conformó una comisión investigadora independiente y ahora promueve reparaciones con tintes electorales. "¿Cómo confiar en un Congreso que dio la espalda a los familiares y que avaló la impunidad?", cuestionó Samillán.
La desconfianza se agrava ante el historial de declaraciones ofensivas de funcionarios como el ministro de Educación, Morgan Quero, quien llamó "ratas" a las víctimas, o la propia Boluarte, acusada de vincular a los fallecidos con el narcotráfico. Además, la Fiscalía investiga a la presidenta y seis exministros por lesiones graves y genocidio por las masacres.
DEMANDAS NO ATENDIDAS
Las víctimas exigen justicia desde hace dos años, respaldadas por organismos como Amnistía Internacional, que denuncian el "sesgo racista" en la represión contra comunidades indígenas y campesinas.
La instrumentalización política del dolor de las víctimas refleja la crisis de legitimidad de un Congreso y un gobierno cuestionados por violaciones a derechos humanos.
