#CuscoDatos. En el primer año de gestión del alcalde del Cusco, Víctor Boluarte Medina se incrementó indebidamente puestos de confianza, lo cual transgrede la Ley 31419, documento que establece las disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción, y otras disposiciones.
Esta situación indebida fue dada a conocer por la Contraloría General de la República en el informe de orientación de oficio Nro. 017-2022-OCI/0385-SOO, donde se toma en cuenta la supervisión realizada a la Municipalidad Provincial del Cusco por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).
ANTECEDENTES.
En diciembre del 2013 el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco aprueba el Cuadro de Asignación de Personal (CAP), donde se consignó 1336 plazas orgánicas, este se modifica en noviembre del 2014, donde se adicionan más plazas orgánicas al CAP.
En el primer año de gestión del abogado Víctor Boluarte, emite la Resolución de Alcaldía Nro. 22-2019-MPC, donde se hace mención al informe Nro. 140-OGPPI/MPC-2019, de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones que concluye que es necesario actualizar los perfiles de puestos de confianza.
La Municipalidad Provincial del Cusco aumentó indebidamente a 58 servidores de confianza, superando el límite permitido de acuerdo con la norma. La Ley Nro. 31419 en su artículo 6 establece que: “…, El número de servidores de confianza en ningún caso es mayor al cinco por ciento del total de cargos o puestos previstos por la entidad (…); con un mínimo de dos y un máximo de cincuenta servidores de confianza”.
SERVIR, después de realizar la supervisión concluyó que la modificatoria del Cuadro de Asignación de Personal (CAP), se realizó sin contar con la opinión favorable de la entidad, además la modificatoria al CAP es nula.
Asimismo, el SERVIR exhortó a la gestión de Víctor Boluarte, dejar sin efecto el CAP que fue modificado sin contar con la opinión favorable del Servir incumpliendo la norma, además de que se solicitó el deslinde de responsabilidad administrativa sobre quienes promovieron, permitieron y autorizaron la vinculación de personal de confianza sin cumplir los requisitos y condiciones previstas.
