#CuscoDatos. El direccionamiento ilícito en el alquiler de maquinaria pesada que comprometió los fondos de Echarate por un valor de S/ 440 423,72 llevó al Poder Judicial del Cusco a dictar una sentencia condenatoria de nueve años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada contra el exalcalde de la Municipalidad Distrital de Echarate, José Ríos Álvarez. La medida —lograda por el Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Convención, a cargo del fiscal Carlos Alberto Figueroa Paucarpura— alcanza también a tres exfuncionarios y a dos proveedores de la zona.
LAS CONDENAS Y PENAS DE INHABILITACIÓN
El fallo judicial estableció responsabilidades diferenciadas y penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos según el nivel de participación en los hechos:
-Autores (9 años de prisión efectiva y 9 años de inhabilitación): José Ríos Álvarez (exalcalde), Eduardo Elías Ramos Cárdenas, Johan Alexander Bautista Valverde y Saúl Suárez Ríos.
-Cómplices (6 años de prisión efectiva y 6 años de inhabilitación): Los hermanos y proveedores Miguel Ángel Poblete Valdivia y Carlos Enrique Poblete Valdivia.
Asimismo, la sentencia dispuso que todos los condenados deberán cumplir, de forma solidaria, con el pago de una reparación civil fijada en S/ 400 000,00 a favor del Estado Peruano.
HECHOS: UNA SIMULACIÓN LEGAL
La investigación fiscal demostró que el Concurso Público N.° 004-2013-CEP-MDE/LC, convocado para el alquiler de maquinaria pesada destinada a la obra “Construcción de la trocha carrozable Playa Pachiri–San Martín”, fue utilizado para regularizar un pacto clandestino.
El entonces burgomaestre concertó previamente con los hermanos Poblete Valdivia para que un tractor sobre oruga y una excavadora iniciaran labores en la zona desde enero de 2013, meses antes de que se realizara la convocatoria oficial y se firmara el contrato. Posteriormente, los funcionarios ediles simularon la legalidad del proceso elaborando documentación falsa e incluso autorizando pagos por el supuesto transporte de maquinarias que ya se encontraban operando en el lugar.
ESTRATEGIA ILÍCITA
Para evadir la Ley de Contrataciones del Estado, los involucrados fraccionaron los requerimientos de alquiler en órdenes de menor cuantía, utilizando cotizaciones falsas para sustentar los procedimientos.
El beneficio indebido se formalizó formalmente el 10 de mayo de 2013 mediante el Contrato N.° 003-2013-CP-UL-MDE/LC con el Consorcio Quillabamba por el monto de S/ 440 423,72. Dicho documento se perfeccionó con graves irregularidades, como la omisión de la garantía de fiel cumplimiento y el otorgamiento de beneficios indebidos al contratista, lo que tiempo después derivó en la resolución parcial del contrato debido al incumplimiento del servicio.
