#CuscoDatos. El gobierno peruano ha declarado en estado de emergencia por 60 días a cinco distritos de la provincia de La Convención- Cusco y dos distritos de la región de Ayacucho, debido a la alta incidencia del tráfico ilícito de drogas. Esta medida, establecida mediante el Decreto Supremo 028-2025-PCM, busca combatir las actividades delictivas de organizaciones criminales que operan en la zona, las cuales representan una amenaza para la seguridad y el bienestar de la población.
Los distritos afectados son Megantoni, Kumpirushiato, Echarate, Villa Virgen y Villa Kintiarina, todos ubicados en la provincia de La Convención. Además, la declaratoria incluye al centro poblado de Kiteni, en el distrito de Echarate, y a la franja territorial conocida como el “Eje Energético del Gas de Camisea”, que abarca una extensión de ocho kilómetros a cada lado del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural. Esta zona es estratégica debido a su importancia económica y su vulnerabilidad ante el crimen organizado.
La decisión se basa en informes reservados de la Unidad de Planeamiento y Educación de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad y del Frente Policial Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), los cuales alertan sobre el incremento de actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico. Estas prácticas no solo socavan el orden público, sino que también exponen a la población local a riesgos significativos.
Durante el estado de emergencia, se restringen o suspenden temporalmente algunos derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. Estas medidas excepcionales permitirán a las fuerzas del orden intervenir de manera más efectiva para desarticular las redes criminales que operan en la región.
La intervención estará a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas, quienes actuarán conforme a las normas que regulan el uso de la fuerza en el territorio nacional. El objetivo es garantizar la seguridad ciudadana y recuperar el control de las zonas afectadas por el narcotráfico.
Una vez concluido el estado de emergencia, la PNP tendrá un plazo de cinco días hábiles para presentar un informe detallado al Ministerio del Interior. Este documento deberá incluir las acciones realizadas durante el régimen de excepción y los resultados obtenidos, con el fin de evaluar la efectividad de las medidas implementadas.
