#CuscoDatos. El delito de lavado de activos, en la modalidad de actos de conversión, ha llevado a una nueva y severa condena contra exautoridades locales. El Poder Judicial del Cusco dictó 10 años de pena privativa de la libertad contra el exalcalde de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, Juan Eudes Olivera Ricalde, y su exjefe de Personal, Arturo Martín Silva Vera, tras demostrarse su responsabilidad en un esquema de blanqueo de capitales ilícitos.
La medida judicial también alcanza a otros tres implicados y fija el pago solidario de 500 mil soles por concepto de reparación civil a favor del Estado. Cabe precisar que tanto Olivera Ricalde como Silva Vera se encuentran actualmente recluidos cumpliendo condena por delitos de corrupción de funcionarios, por lo que esta nueva pena será cumplida de manera consecutiva.
EL ORIGEN DEL DESBALANCE Y LAS PRUEBAS
Durante el debate probatorio, la Fiscalía Transitoria de Lavado de Activos de Cusco, bajo la conducción de la Fiscal Provincial Gloria Diana Escalante Aedo demostró que las actividades ilícitas se originaron durante el periodo edilicio 2011-2014. El dinero lavado provenía directamente de delitos de corrupción de funcionarios derivados de contrataciones irregulares dentro de la comuna distrital.
Con los fondos obtenidos de manera ilegal, los sentenciados adquirieron diversos bienes muebles e inmuebles, logrando un incremento patrimonial injustificado. Para ocultar el origen del dinero, se acreditó la participación de familiares y personas allegadas en los actos de conversión.
Evidencia clave. La pericia contable oficial fue determinante en el juicio, al evidenciar un notable desbalance patrimonial en los acusados y confirmar que las adquisiciones de los bienes cuestionados no contaban con ningún sustento financiero legal.
CÓMPLICES RECIBIERON 8 AÑOS DE CÁRCEL
Ante la contundencia de los elementos probatorios desplegados en la etapa de juzgamiento, el colegiado también dictó una sentencia condenatoria de 8 años de pena privativa de la libertad efectiva contra los ciudadanos: Liliana Pérez Durand, Luis Oscar Cjuiro Quispe y Basilia Bolaños Pérez
Para estos tres últimos coimplicados, la ejecución de la pena se encuentra suspendida de manera provisional hasta que la sentencia sea declarada consentida o ejecutoriada por las instancias superiores.
