#CuscoDatos. Los efectivos policiales Andy Ampuero Ortega y Verónica Ampuero Ortega, identificados como los principales agresores de la familia Condori en el distrito de Oropesa, no solo enfrentan dos investigaciones penales por lesiones y violencia contra la mujer, sino que serían separados de sus cargos y pasados al retiro por cometer una de las infracciones más graves del régimen disciplinario policial. Así lo confirmó el coronel PNP William Falcón, jefe de Administración de la Región Policial Cusco.
INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
El 28 de julio, los hermanos Ampuero Ortega, junto con Víctor Holgado —otro policía suspendido por una investigación previa por el presunto delito de cohecho—, agredieron brutalmente a Tania Condori y su esposo frente a sus tres hijos menores. Los agresores, aunque vestidos de civil, se encontraban en condición de actividad. Según la Ley N° 30714 que regula el Régimen Disciplinario de la PNP, los agentes incurrieron en la infracción MG42: "Participar en hechos que afecten gravemente el orden público y la seguridad de las personas", lo que conlleva su pase obligatorio al retiro.
Por el momento, fueron suspendidos de sus cargos, y se espera la culminación de la investigación.
IRREGULARIDADES EN LA INVESTIGACIÓN PENAL
La defensa de la familia Condori, a cargo del abogado Eduardo Poblete, ha denunciado obstrucciones en el caso:
Amenazas a testigos: Vecinos que captaron los hechos con cámaras de seguridad habrían sido intimidados para no entregar las grabaciones.
Peritajes cuestionados: El abogado cuestionó el examen psicológico practicado a Tania Condori y sus hijos donde se descarta alteraciones en los menores. Poblete exige la aplicación de la Cámara Gesell (entrevista especializada para menores) para evidenciar el trauma sufrido.
DEMANDAS DE JUSTICIA
La familia Condori y parte de la población exigen la detención inmediata de todos los implicados, incluido Víctor Holgado, así como el acceso irrestricto a las pruebas, en particular la liberación de los videos de las cámaras de seguridad y la realización de nuevos peritajes independientes. Además, demandan que el caso no se limite a una sanción administrativa, sino que se judicialice con sanciones ejemplares por los delitos penales cometidos, garantizando que no quede en la impunidad.
