#CuscoDatos. El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria del Cusco dispuso que continúe la investigación penal contra cinco activistas LGBTIQ+, tras declarar infundado el pedido de excepción de improcedencia de acción presentado por la defensa. La decisión se da en medio de denuncias de diversas organizaciones que califican el proceso como un acto de represalia y criminalización tras la Marcha del Orgullo 2025.
La causa penal se originó tras la manifestación del año pasado, en la que los activistas se expresaron mediante el arte drag. Actualmente, el Ministerio Público les imputa el presunto delito de ofensas al pudor en modalidad agravada, figura legal que contempla penas de entre cuatro y seis años de prisión, además de inhabilitación.
LOS ARGUMENTOS FISCALES
La Fiscalía formalizó la investigación preliminar basándose en elementos como la vestimenta artística drag, muestras de afecto entre participantes y poses de baile durante el recorrido. La entidad fiscal sostiene como agravante que dichas expresiones ocurrieron en la vía pública ante la eventual presencia de menores de edad.
Por su parte, la abogada defensora Lucía Santos enfatizó que ninguna de las conductas imputadas constituye un hecho delictivo, señalando que la vestimenta y la expresión artística están protegidas por el derecho a la libertad de manifestación y creación. Santos confirmó que presentará un recurso de apelación ante la instancia superior para revertir la resolución judicial y buscar el archivamiento definitivo del caso.
"Esta investigación penal constituye un grave acto de criminalización y una represalia directa por haber participado en la Marcha del Orgullo 2025 y por denunciar previamente actos de discriminación en Cusco." — Advierten colectivos de derechos humanos y la defensa legal.
Diversas organizaciones sociales y figuras públicas han expresado su preocupación ante el avance del proceso, advirtiendo sobre el antecedente que sienta este caso para la libertad de expresión, el derecho a la protesta pacífica y la protección de la comunidad LGBTIQ+ en la región.
DE DISCRIMINADOS A INVESTIGADOS
Al día siguiente de la marcha de julio del 2025, un programa de televisión local difundió imágenes del evento acompañadas de comentarios estigmatizantes hacia los manifestantes y artistas drag. Ante ello, el propio Ministerio Público abrió de oficio una investigación por discriminación e incitación a la discriminación contra la conductora del espacio periodístico.
En dicha causa, los cinco activistas hoy procesados fueron reconocidos formalmente por el Estado en calidad de víctimas y agraviados. Sin embargo, meses después, la periodista investigada interpuso una denuncia penal contra los manifestantes utilizando como sustento el propio material audiovisual emitido en su programa. Como consecuencia, las víctimas de discriminación pasaron a ser investigadas penalmente a solicitud de la persona imputada por discriminarlas.
