#CuscoDatos. Mientras las altas esferas del gobierno, encabezadas por Keiko Fujimori, centran la atención mediática en el traslado de delincuentes al penal de máxima seguridad de Challapalca y anuncian la construcción de nuevas cárceles bajo el modelo del Salvador, la realidad interna de los recintos carcelarios del país revela un panorama crítico que sigue sin ser atendido. Recientes informes de la Contraloría General de la República dejan al descubierto serias fallas estructurales, tecnológicas y operativas en tres establecimientos penitenciarios del Cusco, administrados por la Oficina Regional Sur Oriente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
HACINAMIENTO EN TRES PENALES DEL CUSCO
Los informes de control Nros. 13583, 14304 y 14309-2026-CG/GRCU-SVC, elaborados tras visitas efectuadas entre el 14 y el 18 de septiembre de 2026, detallan una situación alarmante en los penales de Varones de Cusco (San Jerónimo), Quillabamba (Santa Ana) y Varones de Sicuani (Canchis). En conjunto, estos recintos albergan a un total de 7,631 internos, a pesar de contar con una capacidad operativa conjunta de apenas 3,094 plazas, lo que evidencia una sobrepoblación que supera el doble de su límite histórico. VULNERABILIDADES TECNOLÓGICAS Y FALLAS EN VIDEOVIGILANCIA
Uno de los flancos más debilitados detectados por el organismo de control concierne a los sistemas de seguridad electrónica. Conforme a la normativa vigente, los penales deben conservar sus registros de videovigilancia por un periodo mínimo de 60 días; sin embargo, ninguno de los tres establecimientos cumple con esta disposición. En el penal de Varones de Cusco, que concentra a 6,989 internos y dispone de 45 cámaras, las grabaciones se almacenaban de forma irregular entre 19 y 58 días.
Además, se constató una cámara inoperativa, 16 equipos carentes de claves de acceso y la ausencia total de registros de mantenimiento técnico. Una situación similar se registró en el penal de Quillabamba, con 367 reclusos y 29 cámaras, donde los archivos visuales apenas se retenían por lapsos de 7 a 20 días, operaban dos cámaras en blanco y negro y el monitoreo dependía del personal de retén. Por su parte, en Sicuani, recinto que alberga a 275 internos con 25 dispositivos, el periodo de almacenamiento oscilaba entre los 7 y 30 días, sumado a una cámara defectuosa.
DEFICIENCIAS EN FILTROS DE REVISIÓN Y RIESGO DE INGRESO ILÍCITO
El informe también pone la lupa sobre los protocolos de inspección a visitas y encomiendas. Tanto en el penal de Cusco como en el de Quillabamba, las revisiones se ejecutan al margen de los estándares sanitarios básicos, careciendo de insumos indispensables como guardapolvos, guantes, algodón y agentes desinfectantes, además de la total ausencia de equipos tecnológicos avanzados como rayos X o escáneres corporales.
En Quillabamba la vulnerabilidad se agrava: el único detector de metales disponible se encuentra inoperativo y no existe personal exclusivo asignado a estas tareas de control, recayendo la responsabilidad en agentes de retén. Según advirtió la Contraloría, estas carencias incrementan exponencialmente el riesgo de ingreso clandestino de sustancias, artefactos y materiales prohibidos a los pabellones.
INFRAESTRUCTURA PERIMETRAL DEBILITADA Y TORRES VULNERABLES
En el plano físico y de vigilancia directa, la inspección al penal cusqueño arrojó un deterioro preocupante en su perímetro de seguridad. Se identificaron rollos de alambre de púas con anclajes expuestos, estructuras metálicas y columnetas carcomidas por la corrosión, así como mampostería con ladrillos desprendidos. Asimismo, la operatividad táctica se encuentra limitada por diez faros buscapersonas fuera de servicio, cuatro torreones desprovistos de equipos de radiocomunicación y nueve escaleras de acceso a las torres que carecen de canastillas de protección para el personal de custodia.
ACCIONES CORRECTIVAS PENDIENTES
Los lapidarios resultados de estas acciones de control ya fueron formalmente notificados a la Oficina Regional Sur Oriente Cusco del INPE. Corresponde ahora a las autoridades penitenciarias implementar de manera urgente las medidas preventivas y correctivas necesarias para subsanar estas brechas operativas.
