#CuscoDatos. El avance de la justicia penal frente a los delitos contra la administración pública continúa marchando a un ritmo alarmante lento en la región de Cusco. En el marco de la reciente Feria de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, el fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios, Elías Cartagena, reconoció abiertamente las severas limitaciones estructurales que ralentizan los procesos de investigación. Existen deficiencias que provocan que las carpetas fiscales se prolonguen durante años, afectando de manera directa y sistemática a diversas investigaciones.
Según la información dada a conocer por parte del Ministerio Público a través de notas de prensa, la Fiscalía Anticorrupción de Cusco logra obtener sentencias en primera instancia para hechos delictivos ocurridos hace más de una década, específicamente entre los años 2011, 2012 y 2013.
Al respecto, el fiscal Cartagena detalló que el firme compromiso de los magistrados por cumplir con la celeridad procesal y el respeto a los plazos legales choca de frente con factores externos que debilitan el sistema. El principal cuello de botella institucional se encuentra en la aguda escasez de peritos especializados, quienes representan una pieza técnica fundamental para sustentar y dotar de rigurosidad a las acusaciones penales en delitos financieros, contables y de infraestructura pública.
Para ilustrar la gravedad de esta situación en la región imperial, el fiscal Anticorrupción Cartagena reveló que actualmente cuenta con apenas dos peritos contables para procesar un volumen de denuncias que no deja de incrementar. Asimismo, advirtió la urgente necesidad de incorporar ingenieros civiles que realicen el análisis pericial de las múltiples obras públicas que hoy se encuentran paralizadas en la región. No obstante, la contratación de estos profesionales idóneos resulta inviable debido a que la escasez de personal está directamente ligada a la falta de recursos económicos.
Finalmente, la raíz de este problema técnico y operativo apunta de manera directa al Gobierno Central de turno, a quien se le invoca una mayor asignación presupuestal para fortalecer las capacidades del sistema de justicia. En conclusión, la Fiscalía Anticorrupción de Cusco enfrenta una batalla sumamente desigual, pues debe combatir redes de presunta corrupción y sistemas ilícitos fuertemente instaurados en diversos sectores estatales, pero con un presupuesto mínimo, un equipo humano drásticamente reducido y una carga procesal excesiva que posterga el acceso real a la justicia.
