#CuscoDatos. Leandra Condori, expresidenta de la Federación Agraria Revolucionaria Tupac Amaru del Cusco (FARTAC), fue expulsada entre insultos de una asamblea realizada en el local de la organización el pasado 16 de marzo del presente año. Los asistentes la señalaron de "estafadora" y le exigieron cuentas con gritos de "¿Dónde está la plata?".
Condori, intentó defenderse afirmando que su investigación había sido "archivada", pero esto solo exacerbó la indignación de los presentes, quienes decidieron retirarla del lugar. El incidente refleja el malestar de las bases ante la investigación por el presunto delito de lavado de activos que afronta la exdirigente.
INVESTIGACIÓN
En 2023, la Segunda Fiscalía Provincial Penal del Cusco formalizó una investigación contra Condori y tres personas más por lavado de activos. Según las pesquisas, la exdirigente habría transferido más de $150 mil dólares al extranjero, dinero obtenido a través de asociaciones que prometían ayudar a familias de escasos recursos a acceder a viviendas.
Las investigaciones revelaron que Condori habría utilizado su influencia como líder de FARTAC para captar fondos de al menos 3 mil comuneros, quienes aportaron $100 dólares cada uno como cuota de inscripción. Sin embargo, nunca se construyeron las viviendas prometidas.
ANTECEDENTES
El caso se remonta al 2016, cuando Condori fundó dos asociaciones: "Pachamama Ayúdame a Ayudar" (mayo 2016, inscrita en SUNAT en 2021) y "Pachamama Vive para Servir" (agosto 2016). Ambas estaban integradas por su esposo, Valerio Condori, y los ciudadanos bolivianos Daniel y Carmen Rosales, además de Enrique Nivardo. Bajo el pretexto de financiar proyectos habitacionales en comunidades campesinas, habrían recaudado cerca de $300 mil dólares, sin que hasta la fecha se concrete ninguna obra.
REACCIONES
El Ministerio Público sostiene que Condori aprovechó su posición para engañar a campesinos, mientras las víctimas exigen justicia. Mientras el caso avanza, las bases exigen transparencia y la devolución de los fondos, en un caso que evidencia la vulnerabilidad de las comunidades frente a fraudes disfrazados de ayuda social.
