#CuscoDatos. El Ministerio Público del Distrito Fiscal de Cusco presentó un balance preliminar sobre el desarrollo del día de las elecciones en la región (4 de octubre). Durante las acciones de fiscalización en el marco del Proceso Electoral 2026, las autoridades intervinieron a un total de 18 personas por presuntos delitos electorales, como resultado del monitoreo y la intervención inmediata en los centros de votación de la zona.
PRINCIPALES INFRACCIONES DETECTADAS
Entre las conductas ilícitas registradas durante los comicios destacaron la realización de propaganda electoral ilegal cerca de las mesas de sufragio y la suplantación de identidad. Este último hecho fue detectado por los propios miembros de mesa, quienes identificaron a ciudadanos que intentaron emitir su voto utilizando el Documento Nacional de Identidad (DNI) de otras personas.
DISTRIBUCIÓN DE INTERVENIDOS POR PROVINCIAS
Las detenciones e intervenciones se distribuyeron en diversas provincias y distritos del departamento de Cusco. La provincia de Canchis reportó la mayor cantidad de casos con ocho detenidos, seguida por Calca con tres e La Convención con tres. Por su parte, en las localidades de San Sebastián, San Jerónimo, Anta y Quispicanchi se registró un detenido en cada una. Tras la captura, los fiscales a cargo dispusieron que varios de los implicados queden en calidad de citados para continuar las investigaciones, mientras que otros permanecen bajo custodia policial para definir su situación jurídica.
ACCIONES EN FLAGRANCIA Y COORDINACIÓN POLICIAL
El fiscal de coordinación y enlace para este proceso, Dr. Edilberto Molina Escobedo, destacó que las intervenciones se llevaron a cabo en estricto estado de flagrancia. Según explicó la autoridad, estos resultados fueron posibles gracias al despliegue permanente de los fiscales asignados y al trabajo articulado con los efectivos de la Policía Nacional del Perú en los locales de sufragio.
SANCIONES Y POSIBLES CONSECUENCIAS LEGALES
Respecto al panorama legal de los investigados, el fiscal Molina Escobedo precisó que la normativa contempla diferentes vías según la gravedad del hecho. Algunos imputados podrían acogerse a un principio de oportunidad mediante el pago de una reparación civil o multa a favor del Estado para archivar el caso en la vía fiscal. Sin embargo, en delitos más graves o con pruebas contundentes, como la suplantación de identidad, el Ministerio Público evaluará solicitar un proceso inmediato ante el juez penal. De ir a juicio y ser hallados culpables, los responsables podrían enfrentar penas de prisión de entre dos y seis años.
